El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, desviará 860 millones de dólares para atender a los menores que ingresan ilegalmente al país, ante el aumento no previsto de los costos causados por la desbordada crisis fronteriza.
Este dinero será desviado del presupuesto asignado a los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por la sigla en inglés) para la prevención de la contaminación del covid o virus PCCh (Partido Comunista de China), de acuerdo con Bloomberg del 6 de julio.
El secretario de Salud, Xavier Becerra, dijo que el dinero se emplearía para pagar la seguridad de los menores y del personal que se encarga de cuidarlos, aumentado por la pandemia.
La enorme afluencia de inmigrantes ilegales propiciada por la política de fronteras abiertas que impulsa la administración Biden, podría haber llegado a un millón de personas, tan solo durante los cinco meses y medio del mandato de Biden.
Esta reasignación de dinero es proporcionalmente pequeña frente al gran total que se calcula que hay que pagar por los gastos generados en la atención de los nuevos residentes indocumentados, que alcanzaría unos 9.000 millones de dólares.
De hecho, en mayo ya se habían desviado 2.130 millones tomados también de los fondos destinados a la atención de la salud de los estadounidenses, lo que generó reclamos de parte de varios legisladores.
Por otro lado, la situación que viven los más de 5.000 menores en los campos de acogida suministrados por la administración Biden también se muestra caótica, de acuerdo con la denuncia de los voluntarios Laurie Elkin y Justin Mulaire, empleados de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Chicago.
Elkin y Mulaire descubrieron que los contratistas a cargo de los niños migrantes en una instalación en Fort Bliss, Texas, sabían de la recuperación de desastres, pero tenían pocos conocimientos de español y poca capacidad para cuidar a los menores, según The Hill.
“Muchos trabajadores contratados parecían ver su trabajo más como un control de multitudes que como una atención a los jóvenes”, dijeron.
Y agregaron: “Mientras que algunos individuos tenían claramente buenas intenciones, otros trabajadores contratados mostraban impaciencia con los niños y estaban claramente inseguros de cómo supervisarlos”.
El centro es supervisado por Servpro, una empresa de “limpieza y restauración de incendios y agua”.
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Entre otros aspectos destacaron que la ubicación de los camarotes que utilizan en los dormitorios impide ver a los niños adecuadamente. También que para despertarlos se utiliza música con volumen alto, lo que los incomoda en gran medida.
“Para los niños que están deprimidos o ansiosos, estar en un ambiente similar al de un club nocturno puede no ser la mejor idea”, escribió Mulaire al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en mayo.
Además del visible desaseo que los denunciantes evidenciaron en las instalaciones al servicio de los niños, notaron la ausencia de actividades adecuadas para ellos.
“La jornada de los niños estaba muy desestructurada. Durante el día, solían estar sentados o tumbados en sus camas o deambulando de un lado a otro con relativamente pocas actividades disponibles”, agregaron Elkin y Mulaire.
Por otro lado, uno de los legisladores que criticó la política que los demócratas aplican al numeroso ingreso de extranjeros no autorizados, fue el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien resaltó la trata de personas que se ejecuta con los inmigrantes, a manos de los traficantes y coyotes que los manipulan desde México.
“Somos cómplices como nación del tráfico de personas”, expresó Graham según Breitbart del 16 de mayo.
(blesmundo)