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23 March 2021

AMLO envió al Senado su propuesta para crear la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para sancionar a jueces y magistrados que incurran en actos de corrupción o nepotismo.

La iniciativa de AMLO, que fue enviada de parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), propone cambiar la Constitución para sancionar a jueces y magistrados que incurran en actos de corrupción. También contempla sancionar a empresas o personas que hayan resultado beneficiadas por dichos delitos.

Entre las penas para jueces y magistrados está reparar la totalidad de los daños y perjuicios de los actos cometidos.

“En el caso de que la falta administrativa grave cometida por la o el servidor público le genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos”

Esta iniciativa llega al Senado horas después de que en la conferencia mañanera del 17 de marzo AMLO amenazó con reformar la constitución para sancionar a jueces, luego de que el juez la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Pablo Gómez Fierro suspendió temporalmente la Ley de la Industria Eléctrica, que beneficia a empresas de energía renovable.

Propósitos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, propuesta por AMLO

La propuesta de AMLO para castigar a jueces de la SCJN enumera varios puntos para lo que serviría esta ley:

Consolidar la carrera judicial.

Limitación a la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por las y los Magistrados, así como por las y los Jueces.

Establecer políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores.

Reforzar el combate a la corrupción y al nepotismo.

Impulsar la capacitación y profesionalización del personal.

Fortalecer el Instituto Federal de Defensoría Pública.

Que la SCJN enfoque sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.

Establecer Plenos Regionales, en sustitución a los Plenos de Circuito.

Transformar los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación.

Modificar el sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la SCJN.

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JUEZ SUSPENDE DE MANERA DEFINITIVA LA LEY ELECTRICA 

En el documento difundido este viernes indica que la suspensión definitiva tiene efectos generales, no solo para la empresa que busca el amparo, “ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares este Juzgado de Distrito no solo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en la industria eléctrica, afectando la competencia y el desarrollo de dicho sector”.

El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, ha concedido esta suspensión definitiva después de que la semana pasada suspendiera de manera provisional la reforma del Gobierno que busca dar un mayor peso a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector y limitar la participación de empresas privadas.

"La suspensión definitiva que se concede es para el efecto de que se suspenden todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la industria eléctrica".

De este modo, la entrada en vigor de la reforma aprobada la semana pasada, se paraliza de manera indefinida.

Sin embargo, a pesar de que se otorgó la suspensión definitiva, el gobierno federal puede impugnar la determinación, por lo que la definición puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Gómez Fierro no ha sido el único en conceder la suspensión a la reforma eléctrica, también el juez Rodrigo de la Peza, suspendió de manera provisional la reforma al considerar que la iniciativa podría violar los derechos constitucionales en materia medioambiental o impedir la entrada al mercado de empresas renovables.

(Guruchuirer)

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