La concesión de recolecta de basura que actualmente opera la empresa Intelligencia México, S.A. de C.V. fue resultado de disputas legales por casi una década entre empresas privadas por obtener el gran negocio que representa el procesamiento de 900 toneladas de desechos diarios.

Fue una batalla que se libró en juzgados locales y tribunales federales entre las empresas regiomontanas Domos y Setasa que en todo este tiempo se estuvieron alternando de forma irregular el servicio de este lucrativo negocio con la complacencia de las autoridades municipales en turno.

El pleito llegó a su fin cuando la justicia federal ordenó ambas empresas someterse al concurso de una licitación pública, a la que Domos simplemente desistió y por default Setasa se apropió de forma ilegal de la concesión para posteriormente transferirla mediante un procedimiento ilegal a una tercera empresa, que nunca se inscribió ni compitió bajo las reglas de la licitación pública de ley.

Este “obsequio” a Intelligencia México, S.A. de C.V. fue avalado tanto por el cabildo del municipio de Benito Juárez durante la administración del verdecologista Remberto Estrada Barba como del Congreso del Estado en el periodo del gobernador Roberto Borge Angulo.

Bajo esta serie de irregularidades, Intelligencia México ha venido operando la concesión bajo el consentimiento de la alcaldesa morenista María Elena Hermelinda Lezama, quien lejos de obligarla a cumplir la ley le ha otorgado mayores beneficios administrativos y económicos a pesar del mal servicio que en días pasados metió en grave crisis de basura a la ciudad.   

A diferencia de la actual “concesionaria”, las compañías regiomontanas en pugna demostraron que operaban servicios iguales en otros municipios, como General Escobedo, Sabinas Hidalgo y Ciénega de Flores, Nuevo León; Gómez Palacio, Durango; Acámbaro y Salamanca, Guanajuato; Naucalpan, Estado de México; Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Huatabampo, Sonora. La actual nunca acreditó la más mínima experiencia.

La concesión de la basura se decidió en el gobierno del ex alcalde Gregorio Sánchez Martínez (2008-2010) donde se aprobaron estudios técnicos justificando la necesidad de concesionar la recoja de basura en Cancún. Una vez que se acreditó esa necesidad, se instruyó a siete regidores para que junto con los directores de Servicios Públicos, Ecología, Obras Públicas, Jurídico y la Tesorería procedieran a elaborar las bases de la convocatoria, el 18 de julio de 2008, mismas que fueron aprobadas el mes siguiente.

Así fue como el Comité Técnico Dictaminador resolvió otorgar una primera concesión por 20 años a la empresa “Recolección y Disposición de Desechos, S.A. de C.V.” (Domos), el 17 de septiembre de 2018, con la validación de la XII Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del Decreto 067.

El otorgamiento detonó el pleito jurídico que en ese entonces encabezó la empresa vencida “Servicios de Tecnología Ambiental, S.A. de C.V. (convertida después en Proactiva Medio Ambiente SETASA, S.A. de C.V.), la cual impugnó el fallo a favor de Domos mediante un juicio de nulidad ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, registrado con el expediente S.C.A./A/170/2018.

El incidente que provocó el pleito tuvo que ver con la falta de una firma del apoderado legal de la empresa ganadora en la hoja con folio 1126 del Programa de Monitoreo Ambiental, cuyo hecho dejó pasar el Comité Dictaminador y subsanado al momento, pero que no fue bien visto al darse el dictamen.

La quejosa Setasa obtuvo a su favor la nulidad del proceso de apertura de documentación legal y administrativa en la licitación, lo mismo que de la propuesta técnica y económica, que se cumplió el 21 de octubre de 2010. Esa primera sentencia fue validada por el magistrado Adán Gilberto Villarreal Castro, ponente del Segundo Tribunal Colegiado, al resolver el amparo 070/2010 cuya resolución fue atendida dos meses después.

Mientras el pleito legal permaneció vivo, la “propiedad” de la concesión se congeló, ante lo cual el gobierno municipal —ya durante el trienio del perredista Julián Ricalde Magaña (2011-2013)— creó el organismo público descentralizado Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) supuestamente para atender en definitiva el problema de la basura.

Para ello el servicio se brindó mediante una salida salomónica que consistió en contratos parciales con varias empresas, además Domos y Setasa que originaron el pleito. 

Otra de las que participó en este nuevo experimento fue “Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V”. que había sido descalificada de la licitación al incumplir con la documentación legal y administrativa.

En la 50 Sesión del Cabildo de Benito Juárez (12 de abril de 2013) se aprobó por mayoría la cancelación definitiva de la licitación pública, lo que combatió nuevamente a empresa derrotada originalmente ya bajo su nueva razón social Proactiva Medio Ambiente SETASA, S.A. de C.V. 

La sentencia definitiva de este pleito declaró nula la cancelación del procedimiento y condenó al Ayuntamiento a retomar la licitación, mediante un fallo del 23 de febrero de 2017, mismo que ordenó prescindir de las etapas de apertura de documentación legal y propuestas técnica y económica de los participantes, que cumplió un nuevo Comité Dictaminador, el 25 de abril de 2017.

Así fue como el municipio de Benito Juárez, durante la administración del verdecologista Remberto Estrada, hizo una interpretación amañada para entregar la concesión a la empresa Proactiva Medio Ambiente SETASA, misma que la cedió a Intelligencia México, con la validación del cabildo y del Congreso local.

(Luces del Siglo)